Los estados de excepción son una figura contradictoria y por lo tanto altamente polémica. Plantean limitar la democracia para mantenerla, restringir la constitución para conservarla, disminuir el disfrute de los derechos humanos para garantizar su posterior vigencia y, en muchos casos, dotar al Gobierno de poderes excepcionales para evitar una posible dictadura. Así, la proliferación de los mismos se ha caracterizado por su dureza y, principalmente, por su prolongada e indefinida duración, lo cual quebranta a todas luces su prerrogativa de excepcional mutando en un elemento de uso habitual por parte del Ejecutivo. Los conflictos armados internos han sido el principal pretexto para la declaración de los mismos. Lo que resulta evidente es que en lugar de resolver el problema lo han incrementado. En Colombia la aplicación de esta medida excesiva ha significado el retroceso de los derechos humanos, del orden constitucional, de la legiti-midad del Estado, de la separación de poderes y del gasto social.