La relación entre el acceso a la justicia y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres es de instrumentalidad, en la medida que los Tribunales de Justicia son terreno de lucha para la reivindicación de derechos que les han sido tradicionalmente vedados. Consciente de tal situación, el movimiento feminista, a nivel global, se ha ocupado de influir en las diferentes instituciones sociales y políticas a fin de garantizar la perspectiva de género en los sistemas normativos, partiendo de su visibilización como esquemas sesgados, atravesados por los estereotipos que se han construido a partir del cuerpo de hombres y mujeres. En tal sentido, se entiende el Derecho como una construcción cultural que refleja los principios, valores, disposiciones, prescripciones, prohibiciones, permisiones, cargas y facultades que son legitimadas por la identidad colectiva.