La Constitución Política del 91 en Colombia proponía un espíritu de conservar, promover y proteger la educación como un Derecho social con responsabilidad compartida del nuevo estado participativo que se inauguraba con la Asamblea Constituyente autoconvocada en el país bajo la consideración del mismo como un Estado Social de Derecho.
La educación como derecho fundamental exige la responsabilidad estatal; empero, las políticas educativas nacionales replicadas de las políticas educativas internacionales muestran en las últimas dos décadas una tendencia regresiva a la protección de este derecho con miras a generar prácticas de empresarización de la educación (para nuestro interés, la educación superior) que sobrepone la lógica administrativa por encima de la racionalidad académica y de beneficio social de una sociedad y una nación que requiere elevar los niveles de formación de sus pobladores para poder asumir los retos científicos, técnicos, culturales que el modelo de desarrollo global supone.
La garantía del derecho pareciera insuficiente frente a la presión que la economía de los servicios, entre ellos la educación como parte de esa tercerización, ejerce en el contexto de competitividad y alto rendimiento que el capital financiero transnacional registra en sus altos índices de rentabilidad y crecimiento.
